Bajo el título ‘Cooperación Judicial Penal en la Unión Europea: Investigación y Enjuiciamiento de la Criminalidad Organizada y Económica’, un grupo de expertos  de las Universidades de Sevilla, Pablo de Olavide, A Coruña y País Vasco trabajan en un proyecto de investigación con el objetivo de encontrar nuevas herramientas e instrumentos judiciales con los que optimizar la cooperación europea en materia de lucha contra la corrupción y delitos económicos.

Uno de los miembro de este proyecto, Rafael Zafra Espinosa de los Monteros, profesor titular de Derecho Internacional Público y RRII, afirma que “el proceso de globalización, que caracteriza a la sociedad internacional desde hace ya unas décadas ha provocado, sin duda, tanto efectos positivos como negativos, enmarcándose en éstos últimos el aumento exponencial de la criminalidad organizada y económica. El camino recorrido por la Unión Europea desde aquel tercer pilar intergubernamental de los Asuntos de Justicia e Interior (Tratado de Maastricht) a la “comunitarización” de la Cooperación Policial y Judicial en materia Penal (Tratado de Lisboa), brinda un excelente camino que explorar en la búsqueda de, cuanto menos, la armonización de las legislaciones nacionales en la materia”.

En la actualidad la legislación penal es muy distinta en los 27 Estados que integran la Unión Europea, lo que dificulta la investigación y el desarrollo de los procesos judiciales por hechos cometidos en otros Estados o por personas nacionales de otros Estados. Ante esta situación, los expertos se plantean cómo coordinar la acción de fiscales y autoridades judiciales europeas, a la vez que plantear soluciones alternativas que puedan llegar a  plasmarse en leyes internas y legislación europea.

En primer lugar se van a analizar los casos que  ya se han ejecutado a través de la Orden de Detención Europea o Euroorden, un procedimiento de entrega de personas investigadas, encausadas y en su caso condenadas, desvinculado en cierto modo de las limitaciones de la tradicional extradición y que aprobó el Consejo de la UE mediante  la Decisión Marco de junio de 2002. Igualmente, se analizarán otros instrumentos en materia de ejecución de sentencias, realización de embargos y otras medidas cautelares, obtención de pruebas y cooperación entre los juzgados europeos, sin olvidar la homogeneización de garantías procesales en todo el espacio judicial de la Unión Europea, comenta la responsable de este proyecto de investigación, la Catedrática de Derecho Procesal de la Universidad de Sevilla, María Isabel González Cano, quien añade que “hay que potenciar mecanismos de comunicación directos entre jueces y fiscales  y otras medidas que favorezcan la resolución de estos conflictos, en la línea del reconocimiento mutuo marcada por la Unión Europea  y, desarrollando plenamente mecanismos como la Red Judicial Europea”.

Por su parte, la Profesora Titular de Derecho Penal  Elena Núñez Castaño, miembro también de este proyecto, apunta que “armonizar la legislación en toda Europa es muy complicado porque lo que en España es delito, como puede ser la apología del terrorismo, en otros países no lo es, o es condenado de manera distinta”.

“Es imposible hacer legislaciones penales idénticas en todos los Estados, por ello es importante marcar unos estándares mínimos comunes que armonicen las leyes procesales en materia penal y que garanticen una cooperación  real y factible”, afirma la investigadora Núñez.

En el desarrollo de este Proyecto, se celebrarán congresos internacionales, jornadas nacionales y, se editarán dos publicaciones colectivas que aglutinarán todas las aportaciones en estas líneas de investigación que se están desarrollando en este momento en Europa.